El equipo de gobierno aprueba una moción que insta a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para simplificar los procesos y optimizar los servicios que se ofrecen a los municipios pequeños
El pleno del mes de septiembre de la Diputació de València ha terminado con la lectura de cinco declaraciones institucionales acordadas por los distintos grupos, entre ellas la que insta al Gobierno central a no prorrogar la actual concesión de la AP-7 y promover su gratuidad, y la que solicita la implicación de la Generalitat y el Ministerio de Fomento para restaurar el trayecto ferroviario de Cercanías que une los municipios de Xàtiva y Moixent.
En el caso de la AP-7, la concesión finaliza a finales del próximo año y la Diputació ha querido sumarse a la Generalitat en la petición formal de que se liberen de peaje determinados tramos y que, cuando finalice el contrato, se revierta la gestión privada sin establecer ningún canon para el uso de la vía, que comunica la costa mediterránea desde Algeciras hasta Francia.
El Cercanías entre Xàtiva y Moixent es un proyecto que se ha venido reivindicando en la última década, desde que quedó pendiente la reforma de la conexión ferroviaria entre la capital de La Costera y los municipios de Montesa, Vallada, Moixent, l’Alcudia de Crespins, Fontanars dels Alforins y La Font de la Figuera. La corporación solicita la restauración inmediata del servicio, para lo cual pide el respaldo de la Generalitat y que el Gobierno central dé respuesta a las necesidades de los municipios afectados.
Además de estos dos manifiestos, la sesión plenaria de este martes ha recogido otros acuerdos como la petición al Gobierno de España de priorizar el Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo como una infraestructura “justa y necesaria”, y la adhesión de la Diputació a la candidatura ‘Regadio histórico en l’Horta de València’ como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).
Simplificar la burocracia
Por otro lado, el pleno ha aprobado, con los votos del equipo de gobierno, una moción que insta a modificar la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de simplificar los procesos y optimizar los servicios que se ofrecen a los municipios, en especial los más pequeños. La moción la ha defendido el diputado responsable de Contratación y Central de Compras, Bartolomé Nofuentes, que ha defendido la implantación en nuestro país de esta normativa europea que da respuesta a los “desmanes cometidos en contratación pública”, lo que, en su opinión, “no impide mejorarla para agilizar los proyectos y ayudas que llegan a los ayuntamientos”. La diputada Mamen Peris, por su parte, ha considerado que más que modificar la ley convendría “consolidar la administración electrónica en todos los municipios, incluidos los pequeños”.
La otra moción presentada en el pleno, en la que el grupo popular proponía la creación de una comisión de investigación en la corporación provincial para analizar el antes y el después del incendio que este pasado verano afectó a municipios de La Vall d’Albaida y La Safor, ha sido rechazada por el equipo de gobierno, con la abstención de Ciudadanos, que al igual que el resto de grupos considera que existen otros organismos, como el Consorcio Provincial de Bomberos y la Generalitat, en los que se han podido abordar estas cuestiones, con representación del Partido Popular.
En el turno de ruegos y preguntas, la portavoz popular, Mª Carmen Contelles pidió la opinión del presidente de la corporación, Toni Gaspar, sobre el futuro de las diputaciones, a lo que Gaspar respondió invitando a una reflexión profunda sobre este asunto que se debatirá en el próximo pleno, con la moción que ha avanzado el grupo que encabeza Contelles.
Los diputados y diputadas de la oposición también han preguntado al equipo de gobierno por cuestiones como el proyecto de variante de la carretera de Pedralba, la resolución del punto negro de tráfico entre Manises y Riba-roja o la tramitación de las ayudas que reciben los ayuntamientos para servicios sociales básicos.
