El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado a los grupos parlamentarios de Les Corts que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ofrecerá información por municipios sobre la COVID-19 «si no hay ninguna situación de seguridad sanitaria que lo impida» y «fijando, probablemente, para ello un umbral mínimo de habitantes por localidad que permita respetar el derecho a la confidencialidad que tienen las personas afectadas».
Así lo ha indicado el president en la reunión por videoconferencia mantenida con las y los portavoces parlamentarios de la Cámara autonómica para analizar la situación actual de la Comunitat Valenciana ante la crisis del coronavirus, un encuentro en el que también han participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, y la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló.
El titular del Consell ha subrayado que el criterio de la «prudencia» es el que ha guiado en todo momento a la Generalitat a la hora de facilitar datos públicamente.
«Somos la comunidad que está actuando con mayor transparencia en todo momento, y eso ha sido reconocido ampliamente», ha recordado. Por tanto, «si no hay ninguna situación de carácter sanitario que lo impida, se va a dar toda la información por municipios», ha agregado.
En la reunión se ha constatado, por parte de todos los grupos parlamentarios, que ha mejorado en la Comunitat Valenciana la situación generada por la expansión del coronavirus, tal y como ha expresado el president, que ha mostrado su «dolor» y «tristeza» por los fallecimientos que se han producido en esta crisis.
El encuentro por videoconferencia ha permitido además ofrecer información sobre las diferentes cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios de Les Corts.
El president ha precisado también en la reunión que los equipamientos de los hospitales de campaña de València, Alicante y Castellón y de la antigua Fe de València podrán ser empleados para contribuir a la «normalización» asistencial y poder recuperar cuanto antes la «normalidad sanitaria».