La concejala socialista de Ontinyent alerta de que los jueces pueden poner en su sitio la gestión urbanística del PP
“Ordenes de demolición, sanciones y el gasto de 1’2 millones de euros de las arcas municipales para buscar una solución que decían tener y que solo ha sido un engaño más”. Ese es el balance, según la concejala del PSOE de Ontinyent Rebeca Torró, de los 4 años de gestión de Lina Insa y del PP en la alcaldía respecto a la problemática del diseminado. Torró ha exigido “responsabilidades” a Insa, y su número 2, Filiberto Tortosa, por “el flagrante incumplimiento de sus compromisos electorales” desde que anunciaran en 2007 “una solución mágica al problema”.
Torró recordaba que durante la legislatura anterior se abrieron alrededor de 50 expedientes de infracción urbanística, “de los cuales se ha archivado 3”, mientras que con el resto el PP ha llegado hasta las ordenes de demolición “que se han suspendido y prorrogado, en una huida hacia adelante para ver si al final pueden ser otros los que se hagan cargo del problema”. No solo eso, sino que en la legislatura actual, Insa y Tortosa han abierto 90 expedientes más de los que se han archivado 27, una veintena están con orden de demolición, alrededor de 20 más con la suspensión de la orden de demolición y hay “veintipico más que no se sabe qué va a ser de ellos”.
La concejala socialista recordaba que la propia alcaldesa “se atrevió a anunciar en el pleno que había legalizado las casitas del diseminado”, palabras “que luego se ha tenido que tragar, y encima creando un problema mayor”, tal y como le echaban en cara los propios afectados tras ver que la única solución del PP es “tumbar las casitas en un futuro indeterminado”. Esos mismos afectados se han visto incitados a acudir a la via judicial, acarreando el riesgo “de que algún juez sea el que acabe encarándose al Ayuntamiento por culpa de la mala gestión de Insa”.
“Por si fuera poco”, según Torró, ahora se llega al final de la legislatura habiendo gastado nada menos que 1’2 millones de euros en unos estudios “que no se sabe qué quieren solucionar”, y que de aprobarse definitivamente “podrían tener consecuencias en la contribución”. Por ello los socialistas pidieron un informe municipal sobre las repercusiones de los mismos, “informe que ya tienen desde hace días y que nos han negado”, lo que según Rebeca Torró puede deberse “a que no quieren que el pueblo sepa la verdad antes de las elecciones, siguiendo así con su estrategia de perder el tiempo y engañar”.
En palabras de Rebeca Torró, “la alcaldesa que prometía soluciones mágicas” va a dejar el Ayuntamiento con 1’2 millones de euros menos gastados en el asunto de las casitas, y a los vecinos con órdenes de demolición de sus propiedades y cerca de 60 expedientes sancionadores que en algunos casos superan los 300.000 euros de multa.
La concejala socialista concluía destacando que “al igual que con el hospital y otras tantas cosas”, con el diseminado el PP “solo vendió humo y falsas promesas” en la anterior campaña electoral, aunque adelantó que “ahora aquellos a los que engañó no van a volver a confiar en ella, porque se le ha visto el plumero y ya todos saben que Lina Insa lo único que sabe hacer es eludir responsabilidades y manipular anteponiendo sus intereres personales a los de la ciudad que el 22 de mayo dejará de representar”.