Rubio: «Rus critica a los alcaldes por endeudarse y permite que Camps cargue los gastos de obras a los ayuntamientos

El equipo de Gobierno del PP vota en contra de la moción socialista que pedía retirar el artículo 102 de la Ley de Acompañamiento, lo que perjudicará a las “endeudadas cuentas municipales”

El pleno de la Diputación de Valencia debatía la moción presentada por el grupo socialista para evitar la aprobación del artículo 102 de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat. Un artículo que establece que “los ayuntamientos deberán sufragar, a su exclusivo cargo económico, los costes de los trabajos de todos los servicios, es decir, los gastos de agua, gas, suministro eléctrico, saneamiento, telefonía, etc. que se deriven de las obras públicas ejecutadas por la Conselleria de Infraestructuras”. El portavoz socialista pidió que la Diputación “envíe un escrito a los grupos parlamentarios manifestando la posición en contra” como Ayuntamiento de ayuntamientos ya que, a su juicio, “dada la complicada situación económica por la que atraviesan los consistorios no es lógico que tengan que hacerse cargo de estos gastos cuando hasta ahora los asumía la conselleria”.

Desde el grupo socialista entienden que esta nueva norma legal “daña” a las entidades locales, sin embargo, el equipo de Gobierno del PP votó en contra de esta moción en el pleno, a pesar de que el pasado viernes el presidente de la Diputación, Alfonso Rus, reconoció el “nivel de endeudamiento que sufren los ayuntamientos y echó la culpa a los alcaldes de esta situación”, sin embargo, ahora “permite que Camps cargue en las cuentas municipales unos gastos que no quiere asumir la Generalitat”.

El grupo popular argumentó su rechazo asegurando que el propio PP en Les Corts ha presentado una enmienda al artículo 102, de hecho, el portavoz Juan José Medina reconoció que el texto original no era el más adecuado. Para Rubio la enmienda popular “dulcifica” la norma y matiza que los ayuntamientos deberán pagar “sólo las obras de competencia municipal” lo que, a su juicio, es “un avance” pero “no es suficiente”. Es más, para Rubio esto “supone más confusión y dudas” porque “no están claras las competencias exclusivas de los ayuntamientos”. Por ello, exigió que no se apruebe esta nueva ley porque “si hasta ahora no se le pedía a los consistorios que pagaran estos costes, ahora es el peor momento para ponerlo en marcha”. Ante la negativa del PP el portavoz socialista lamentó que Rus “se dedique a atacar y culpar a los alcaldes de todos los males y es incapaz de defender los intereses de los municipios como presidente de la Diputación”.

NUEVO INTERVENTOR DE 132.000 € AL AÑO

Por otra parte, el portavoz socialista en la Diputación, Rafael Rubio, calificó de “incongruencia” que el presidente Alfonso Rus “anuncie que muchos ayuntamientos van a tener que hacer Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por la mala situación económica que atraviesan y acuse a los alcaldes de gastarse el dinero en lo que no deben” y, sin embargo, apruebe un decreto por el cual se crea un nuevo puesto de trabajo de interventor adjunto, con un sueldo de 106.000 euros más Seguridad Social. Por ello, el responsable socialista se preguntó “para qué necesita esta corporación un nuevo puesto de interventor cuando nunca ha existido, para qué crearlo ahora en una época de crisis económica, es tan urgente y necesario” se preguntó. Para Rubio, “no tiene ningún sentido” a no ser, matizó, que “tenga nombres y apellidos concretos” porque, según recordó, es un puesto de “libre designación”. De hecho, el propio Rus manifestó que “entrará quién nosotros digamos”.

En la estructura actual de la Diputación ya existen dos puestos, uno de interventor y otro de viceinterventor, sin embargo, el equipo de gobierno del PP ha creado este nuevo puesto con un sueldo de 132.000 euros al año. El grupo popular ha justificado la decisión asegurando que el puesto de trabajo es temporal y que el interventor actual se va a jubilar y, por ello, necesitan hacer una “transición ágil”. Sin embargo, el portavoz socialista recordó que la función del actual viceinterventor es precisamente esa “hacer una transición fácil entre el antiguo interventor y el nuevo”. Además, señaló que “en ningún caso en el expediente de contratación se especifica que la duración es temporal”.