Las familias amenazadas de desahucio podrán verificar si cumplen los requisitos para paralizarlo 2 años
Facua a través de esta herramienta, los ciudadanos pueden comprobar si su situación familiar y económica está dentro de los supuestos establecidos de forma arbitraria por el Gobierno en el real decreto ley.
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los ciudadanos amenazados de desahucio una aplicación que calcula si cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno paralizarlo durante dos años.
Con la aplicación, a la que puede accederse en la web FACUA.org/desahuciados, los afectados pueden comprobar si su situación familiar y económica está dentro de los supuestos establecidos en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.
En cualquier caso, FACUA advierte que el real decreto ley es claramente discriminatorio y tiene visos de inconstitucionalidad. Por ello, recomienda a los afectados que, aunque no cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, soliciten por escrito al juzgado correspondiente la paralización de su desahucio, para lo que pueden utilizar el escrito que pone a su disposición el Consejo General de la Abogacía Española (http://ow.ly/foRyk).
Antes de evaluar si la evolución de su situación económica y las características de su hipoteca les permitirían acogerse a la medida, la aplicación de FACUA advierte a las familias que deben estar en alguno de los siete supuestos establecidos por el Gobierno con una lamentable arbitrariedad:
– Todos los miembros de la unidad familiar están en paro y no tienen prestación por desempleo
– Familia numerosa (3 o más hijos)
– Familia monoparental con al menos 2 hijos a su cargo
– Familia con al menos un menor de 3 años a su cargo
– Familia con personas a su cargo con discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral
– Familia con personas a su cargo que sean parientes del titular de la hipoteca o su cónyuge hasta el tecer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral.
– Víctima de violencia de género.
Si se incluyen en al menos uno de los supuestos, la aplicación les solicita cinco datos económicos: los ingresos netos y brutos anuales de la unidad familiar, los ingresos brutos en el mejor de los últimos cuatro años y el importe mensual de la hipoteca entonces y en la actualidad.
A partir de estos datos, calcula si se cumplen los tres requisitos establecidos en el real decreto ley: que la cuota de la hipoteca supere el 50% de los ingresos netos, que la carga hipotecaria se haya multiplicado por al menos un 1,5% en los últimos cuatro años y que además los ingresos de la unidad familiar no sobrepasen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente representa 1.597 euros brutos mensuales (19.164 anuales).
FACUA advierte que el porcentaje de familias que podrán evitar elalzamiento de su vivienda será extremadamente reducido. Además, denuncia que el real decreto ley se limita a alargar la agonía de las familias demorando el desahucio en dos años, sin imponer a la banca ninguna medida para renegociar la hipoteca y su pago.
La asociación denuncia que el Gobierno ha demostrado su insensibilidad con el drama de los desahucios. Ni siquiera los suicidios que han trascendido a la opinión pública han provocado que el Ejecutivo tenga la decencia de poner en marcha cambios legislativos a la altura de la tragedia social que atraviesa España, donde cientos de miles de familias han sido desahuciadas desde el comienzo de la crisis.
El Gobierno, denuncia FACUA, no ha hecho más que anunciar falsas soluciones al problema, tras la pantomima que ya supuso en su día el Código de Buenas Prácticas Bancarias, para no perjudicar los intereses del poder financiero.
El Real Decreto-Ley no deja lugar a dudas, señala la asociación, de por qué el Gobierno se ha negado a que las organizaciones de la sociedad civil que representan los intereses de los hipotecados tengan la más mínima participación en su contenido.
Ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno han asumido tan siquiera su obligación moral de pedir a los banqueros la paralización inmediata de todos los desahucios hasta que una norma consensuada con la sociedad civil y el conjunto de fuerzas políticas plantease soluciones, lamenta FACUA.