Cotino: “Infinidad de colectivos defienden la propuesta del President de crear una autoridad nacional sobre agua”

Valencia (14-02-10). El Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado hoy que

“profesores universitarios, la Asociación Valenciana de Empresarios, infinidad de colectivos, regantes, están defendiendo la propuesta del President Camps. Debe haber una autoridad única en España para hablar de temas hídricos, para hablar de temas esenciales como pueden ser la seguridad del Estado y la seguridad de todos los ciudadanos, o los temas energéticos”.

Según ha manifestado el Vicepresidente “todos reconocen la necesidad de una autoridad nacional en materia de agua menos quien la tiene que ejercer que es el Presidente Zapatero que, en vez de estar ejerciendo las funciones que le corresponden, deja al albedrío de cada pueblo, de cada comunidad, las opiniones sobre un bien escaso como es el agua”.

“El agua debe ser un eje de unión entre los pueblos y nunca de división”, ha aseverado Cotino. El Vicepresidente ha hecho estas declaraciones durante su visita a la XVII Muestra del Embutido Artesano y de Calidad de Requena y ante las últimas declaraciones que reclaman la necesidad de un pacto de Estado sobre el agua que evite confrontaciones políticas y territoriales.

Hace más de un mes que el President de la Generalitat, Francisco Camps, pidió al Gobierno la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes para tratar como único tema la puesta en marcha de una política de agua para todas las comunidades autónomas. El Gobierno Valenciano sostiene que el agua y la planificación hidrológica es competencia del Estado y que las reservas hidrológicas deben estar previstas en los Planes de cuenca y en un Plan Hidrológico Nacional, y no en los Estatutos de Autonomía, en referencia a la reserva hídrica del Tajo-Segura que se debate en el Estatuto de Castilla-La Mancha.

En este sentido, la Generalitat considera que no son las comunidades autónomas las que deben negociar las cantidades de agua que corresponden a cada región sino el Estado, que es el que debe asumir las competencias en materia hídrica como una cuestión de interés nacional y aplicar una política de solidaridad y justicia distributiva.