El exresponsable de Urbanismo en el gobierno de Alfonso Rus debe declarar el 22 de diciembre en los juzgados de Xàtiva
El juzgado de instrucción nº1 de Xàtiva ha citado a declarar como investigado –antes imputado– al exconcejal de Urbanismo Vicente Parra por los sobrecostes del 100% en la remodelación de la plaza de toros. Cómo ya informó el PSPV-PSOE de Xàtiva, la magistrada Susana Company inició en septiembre una pieza separada porque detectó indicios de irregularidades económicas y hechos posiblemente delictivos en las diferencias de precio de los trabajos, que acabaron costando 6 millones de euros más de lo presupuestado. La nueva instrucción se ha abierto después de que se cerrase la investigación por la adjudicación de las obras, que ha desembocado en la apertura de juicio oral al arquitecto municipal, Antonio Vela, por su supuesta connivencia con la empresa de ingeniería que diseñó y desarrolló el proyecto conjuntamente con Construcciones Llanera, SL.
Entre las pruebas que han empujado a la juez a ampliar el foco de la investigación figura un informe pericial aportado por el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva –personado en la causa como parte perjudicada– que en 2015 detectó unidades de obra certificadas y no ejecutadas en la plaza por valor de casi 900.000 euros. Las mediciones fueron encargados por el gobierno municipal que lidera el PSPV a dos ingenieros externos.
Además del testimonio de Vicente Parra – que ha sido edil de Urbanismo durante varias legislaturas de Alfonso Rus como alcalde– la instructora también ha citado como investigados al arquitecto municipal Antonio Vela y al responsable de la dirección facultativa de la obra, de la consultora CMArquitectura (posteriormente CMD).
La investigación judicial de la plaza de toros se inició por la adjudicación de las obras. Antes de separar en dos piezas la investigación, el juzgado inició los trámites para procesar al arquitecto, acusado de suministrar información privilegiada a la citada empresa y de contar con esta sociedad para redactar los pliegues de una obra que, posteriormente, el consistorio acabó adjudicándole con el informe favorable del mismo arquitecto.
Para el técnico municipal, que sigue suspendido de empleo y sueldo, la acusación popular– que ejerce el PSPV, en defensa de los derechos de todos los ciudadanos– pide tres años de prisión y 10 de inhabilitación por los delitos de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. La acusación sostiene que, durante el transcurso de las obras, el arquitecto Antonio Vela supuestamente habría facturado importantes cantidades de dinero a la consultora en concepto de asistencia técnica.
La causa judicial, de gran complejidad, se inició hace 4 años con la denuncia de un exsocio del arquitecto ante la Fiscalía, acompañada de correos y facturas. Vela y la empresa han negado las irregularidades en sede judicial. La magistrada consideró que en esta causa no hay un perjuicio para las arcas públicas. En cambio, la corporación municipal sí está personada como acusación particular en la nueva pieza de las irregularidades económicas, dado el posible agravio económico para los ciudadanos de Xàtiva. La agrupación socialista de Xàtiva figura como acusación popular en los dos procesos.
«Depurar responsabilidades»
El alcalde, Roger Cerdà, anunció en septiembre que pediría la comparecencia de «todos los responsables políticos» que habían tenido algo que ver con la obra para «depurar responsabilidades» y aclarar si ha habido malversación de dinero público. Cerdà ya vaticinó el pasado septiembre que Rus y Parra serían citados a declarar. El exalcalde por el Partido Popular, Alfonso Rus, que siempre se escudó en el aval técnico que apoyaba a los sobrecostes y los atribuyó a los imprevistos surgidos, de momento no ha sido citado.
La remodelación de la plaza de toros –todavía inacabada– se adjudicó en Llanera-CMD en 2005 por 6 millones de euros. La constructora de cabecera de Ruso obtuvo el contrato a pesar de que su oferta no era el más trueque, al prever una mejora que tenía que bajar el presupuesto en medio millón de euros y que nunca llegó a materializarse.
El 2007, el PP autorizó un modificado de obra validado por el arquitecto municipal con un sobrecoste de 4 millones. De este proyecto se certificaron unidades por importe de 345.651 euros la ejecución de los cuales también está bajo sospecha. Las mediciones practicadas en el recinto taurino demuestran que los fundamentos del proyecto original ya estaban de acuerdo con el colosal incremento en el peso de la estructura que se haría posteriormente con el modificado. La juez investiga, por este motivo, si en realidad los sobrecostes estaban previstos por adelantado.
