La Diputación de Valencia presentó la pasada semana un renovado plan de inversiones para 2017 que, además de repartir 3,1 millones de euros entre los municipios de La Costera y La Canal, (Xàtiva accede a una cuantía de 241.158,33€) atiende las dos principales demandas de los alcaldes: agilizar la concesión de las subvenciones y simplificar los procedimientos de aprobación de las obras. Estos cambios permitirán avanzar en la ejecución de las actuaciones programadas, reducirá el periodo de tramitación de los expedientes y dará más tiempo a los ayuntamientos para realizar procesos participativos.
Con el objetivo de remarcar esta completa reformulación del que supone el principal recurso económico para los ayuntamientos a la hora de ejecutar sus inversiones, la institución provincial ha decidido modificar también el nombre del plan, que a partir de ahora pasará a conocerse como SOM, siglas de Obras y Servicios Municipales, en sustitución del anterior PPOS. Con ello se quieren poner en valor un cambio que además de agilizar los trámites y consolidar el incremento de dotación presupuestaria iniciada en 2016 y que ha supuesto que muchos municipios hayan incluso duplicado el dinero que recibían, ha llevado a que pasen a contemplarse entre los criterios de reparto factores sociales, como la tasa del paro del municipio o la adhesión al Paco de Alcaldías en materia medioambiental.
En su intervención ante los medios de comunicación, el Presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, destacó que el nuevo SOM no es sino “un paso más en la apuesta de esta Diputación por el municipalismo y por dotar de recursos económicos a los ayuntamientos valencianos, para compensar la infrafinanciación que padecen y que puedan así ejecutar aquellas obras y servicios que necesitan para mejorar la vida de sus vecinos y vecinas”.
Así, a los 2.222.542,17 euros que se destinarán este año a los municipios de La Costera y los 856.264,13 que recibirán los de La Canal, se añaden los 30.158,70 euros que llegarán directamente a la Mancomunidad de La Canal de Navarrés y los 60.990,36 a la Mancomunidad La Costera-La Canal. A esto se sumará, una aportación extraordinaria para el pago de los honorarios de la redacción de proyectos, para lo que la institución provincial destinará 1 millón de euros a repartir entre los 266 municipios valencianos.
A estas cantidades, se han de sumar las transferencias procedentes del Fondo de Cooperación Municipal, lanzado conjuntamente por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia. No en vano, la suma de ambos planes supone, destacó Rodríguez, que “entre la Diputación y la Generalitat vamos a hacer este año una inyección directa en vena de 75 millones de euros a los municipios”, lo que implica que muchos municipios han pasado a ver duplicadas, o incluso triplicadas, las ayudas recibidas respecto a la legislatura anterior.
Más agilidad en la tramitación
Entre las novedades en la tramitación del SOM, tendentes a dotar de mayor agilidad al plan, la más significativa es el ahorro de un acuerdo plenario en el ayuntamiento o mancomunidad, medida que evitará aproximadamente un mes de demora a la hora de justificar las ayudas. Asimismo, la Diputación mantiene un único plazo para justificar la ejecución de las ayudas, lo que evitará las prórrogas en las adjudicaciones. “Años atrás teníamos prórrogas de 7 y 8 años, y eso no se puede asumir. Una prórroga debe ser suficiente para adecuarse a la realidad del momento”, señaló el Diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, en la rueda de prensa.
La ampliación del plazo para presentar los proyectos hasta el 16 de junio, en atención a las demandas de los alcaldes y alcaldesas, que pedían tener tiempo para impulsar y desarrollar procesos de participación ciudadana, es otro de los cambios destacados.
Los municipios deciden en qué invertir
Después de 20 años, las ayudas han pasado de 17 millones a duplicar su partida en la nueva legislatura, además de agilizar trámites y acortar plazos. Los consistorios serán quienes decidan en qué destinar la inversión, según una fórmula de reparto en función de diversos porcentajes.
La mayor cantidad es de un 34 por ciento de valor marginal, cuantía fija a la que tienen derecho todos los municipios. También se tendrá en cuenta las características de la población, destinando un 30 por ciento de la ayuda en función del número de habitantes y un 10 por ciento de la superficie del término municipal. Además, se han tenido en cuenta nuevos criterios sociales como la tasa de desempleo, de la que dependerá un 10 por ciento.
Por otra parte, aquellos ayuntamientos que tengan núcleos de población separados del término municipal tendrán derecho a un 4 por ciento adicional. Y otra de las novedades de la partida atiende al Pacto de Alcaldías, cuya cifra ha aumentado; los consistorios adheridos al proyecto, basado en acometer actuaciones en contra del cambio climático, podrán beneficiarse de un 3 por ciento de la ayuda.
