La sección séptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Valencia ha emitido sentencia de 17 de mayo y falla a favor del Ayuntamiento de Xàtiva en el conflicto por la anulación de una compra-venta de una parcela situada en el Polígono Meses de Xàtiva con la sociedad Agrícola Xàtiva,S.A. La sentencia estima totalmente el recurso presentado por el abogado del Ayuntamiento y revoca la sentencia de 22 de noviembre de 2016, que declaraba nula la compra-venta realizada y condenaba al Ayuntamiento a devolver a la sociedad cerca de 380.000 euros por el importe pagado por la parcela en 2006 y los intereses desde entonces e imposición de costas.
La parcela vendida en 2006 por el Ayuntamiento de Xàtiva a una sociedad sin actividad conocida y propiedad del ex-socio de Alfonso Rus, Luis Mollà. Sólo dos empresas presentaron ofertas a la venta de dos parcelas municipales y cada una de ellas salió beneficiada con una parcela municipal. En su dia estaba previsto instalar una gasolinera ya que la parcela se sitúa en un punto estratégico entre la carretera CV-645 y la CV-600, finalmente el proyecto se malogró por la necesidad de modificar los accesos a la misma. Tras la caída general de precios del suelo, el empresario reclamó años después un defecto en la calificación del solar y exigió la devolución de la parcela, las cantidades abonadas y los intereses En primera instancia el juzgado de Xàtiva avaló las tesis de Luis Mollà y condenó al Ayuntamiento a pagar las cantidades abonadas por la parcela más intereses. Con posterioridad el Ayuntamiento recurrió dicha sentencia en la Audiencia Provincial, que ahora le da la razón en toda su extensión.
Agrícola Xàtiva,S.A. Es una sociedad sin otra actividad conocida más que comprar dicha parcela en 2006.
Anulación del pago.
Esta sentencia supone un respiro para las maltrechas arcas municipales ya que , debido a que Agricola Xàtiva,S.A. exigió el cumplimiento inmediato de la sentencia, el Ayuntamiento tuvo que tramitar con toda celeridad una declaración de pluranualidad y prever el pago de 95.000 euros al año en 2018, 2019 2020 y 2021, por un total de 380.000 euros. El Ayuntamiento tiene previsto ahora anular estos pagos y dedicarlos a otras partidas ya que la sentencia actual es definitiva no admite recurso de casación.
