FACUA-Consumidores en Acción confía en que el Parlamento Europeo tumbe la nueva legislación de protección de datos aprobada el pasado miércoles 21 de noviembre
El artículo que permite el spam electoral y la creación de bases de datos con perfiles ideológicos de los ciudadanos es «muy preocupante» y «no encaja» en el Reglamento General de Protección de Datos comunitario, según fuentes de Bruselas citadas hoy por eldiario.es. Según los expertos que han tramitado la norma europea, la ley además «plantea problemas con respecto al respeto de los derechos fundamentales, como la intimidad, la protección de datos o la libertad de expresión«. «El reglamento europeo de protección de datos no permite la elaboración de perfiles de personas ni la obtención de datos de las redes sociales sin el consentimiento previo de esa persona», han asegurado a este diario fuentes del Parlamento Europeo.
FACUA ha mostrado su más enérgico rechazo a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPD) que este miércoles aprobó el Senado, que abre la puerta a que los partidos políticos puedan crear censos de ciudadanos basados en su ideología según las manifestaciones hechas en redes sociales o páginas web. La asociación considera de extrema gravedad que se permita que las agrupaciones puedan elaborar bases de datos de personas afines u opositores sistematizadas por fechas, nombres y tipo de ideología. Así, cualquier opinión en una red social podría ser recopilada y asignada a una ideología política específica sin que el afectado fuese consciente de ello.
En una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el pasado octubre, los eurodiputados pidieron específicamente «prohibir la elaboración de perfiles para fines políticos y electorales y el uso de información sobre el comportamiento en Internet que pueda revelar preferencias políticas«.
A la vista de estas declaraciones, y aunque el cumplimiento del Reglamento es responsabilidad de la Comisión Europea y no del Parlamento, FACUA confía en que las autoridades comunitarias obliguen al Gobierno español a dar marcha atrás y modificar la legislación recientemente aprobada, para que cumpla con el espíritu del Reglamento europeo que es diametralmente contrario a la nueva LOPD y que, precisamente, lo que buscaba es prohibir absolutamente el tipo de prácticas que ahora permitirá la legislación española.
FACUA recuerda, además, que los reglamentos europeos son de aplicación directa, no necesitan transponerse a la legislación nacional siempre que las leyes estatales no los contradigan, aunque dejen algunos aspectos al arbitrio de cada Estado, como en este caso ocurre con las agencias nacionales de protección de datos, por ejemplo. España, en cualquier caso, ya hizo una adaptación de la Ley de Protección de Datos a la nueva norma europea (aprobada en 2016), por lo que esta nueva ley ni siquiera era necesaria.
Las directivas europeas, por el contrario, no son de aplicación directa, hay que transponerlas, es decir, adaptarla a la norma estatal existente o hacer una norma nueva que la contenga.
