El Grupo Popular en la Diputación de Valencia ha solicitado al equipo de Gobierno que encabeza Toni Gaspar que proceda al pago de las facturas a los proveedores de bienes y prestadores de servicios de la corporación provincial de manera inmediata.
En la actual coyuntura de crisis sanitaria y confinamiento de la población hay sectores que están sufriendo más los efectos de una medida tan drástica y a ellos va dirigidos principalmente la petición del Grupo Popular. Así en el escrito remitido al presidente de la Diputación se reclama la mayor celeridad en el abono de las facturas priorizando los pagos a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a las entidades sociales.
El objetivo es poder aportar a estos colectivos –piezas principales del motor económico valenciano– la liquidez necesaria en un momento en el que están sufriendo dificultades a causa de la crisis económica que ya emerge con fuerza.
Desde el Grupo Popular recuerdan que según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, con el endurecimiento del confinamiento nueve de cada diez autónomos están en estos momentos parados sin poder realizar su actividad y, por lo tanto, sin obtener ningún ingreso. Su previsión es que cerca de medio millón de autónomos cesarán en su actividad y desaparecerán definitivamente.
En el mismo caso se encuentran todos los trabajadores de actividades no esenciales que permanecen confinados en sus domicilios, cuestión que también va a dificultar la viabilidad de un gran número de pequeñas y medianas empresas y de los puestos de trabajo que éstas generan.
Por ello, el Grupo Popular considera que las administraciones deben asumir su responsabilidad en la gestión de esta crisis y, cada una en el ámbito de su competencia, debe ser muy diligente para contribuir a no poner más en jaque a los motores de la economía valenciana.
Y es que, la mayoría de los proveedores de la Diputación de Valencia son autónomos, microempresas y pymes, por lo que resulta urgente abonar las facturas desde la corporación provincial para evitar, en la medida de lo posible, la destrucción de más puestos de trabajo, cierre de empresas y daño al tejido económico de la provincia.
