Respecto al cierre del salón de banquetes «La Serratella»
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por AUTO NÚM. 30/14 de 13 de febrero del 2014, ha avalado las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, que cerró la actividad del salón de banquetes «La Serratella» atendiendo a dos sentencias de los años 2007 y 2009.
Según el alcalde, José Luis Juan Pinter, en el año 1999 el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, concedió una licencia de obras para un edificio de viviendas a un promotor de la localidad. Este edificio nunca se llegó a construir. En su lugar los promotores optaron por construir una gran nave, que con el tiempo y después de muchos cambios y ampliaciones llegó a albergar un salón de banquetes, que abrió sus puertas pocos meses después de su construcción.
El problema radicaba, que al citado salón de banquete se le habían concedido licencias de obra y de actividad a partir del año 2000, en contra de todos los informes de los técnicos municipales, haciendo caso omiso de que esa zona tenía un uso residencial y no permitía ese tipo de construcción.
«Un vecino, harto de que el gobierno municipal de entonces no le hiciera caso en su petición de parar las obras, acudió a la justicia y ésta le dio la razón. El Ayuntamiento socialista había concedido licencias ilegales, y por lo tanto procedía la clausura de la actividad», afirma el alcalde.
Desde el año 2010, el anterior gobierno municipal y el actual han adoptado más de 20 acuerdos, tendentes al cierre de la actividad, porque así lo exigían las propias sentencias.
Todos los acuerdos fueron recurridos por el titular del Salón de Banquetes “La Serratella” (la empresa PROMOCIONES AYELENSES SL), mientras que los tribunales iban desestimando sus pretensiones. Al final, en junio de 2012 el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que ordenaba de nuevo cerrar la actividad, después de declarar nulas las sentencias concedidas.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia también se ha pronunciado sobre una orden del Alcalde de marzo de 2010, que pedía a las compañías suministradoras que cortasen el agua y la energía, cumpliendo así las sentencias judiciales. El propio tribunal da como válida y legal la orden dada por el alcalde porque estaba ajustado a lo indicado en las sentencias.
El primer edil manifiesta que «se da la circunstancia de que, el marido de la gerente de dicho Salón de Banquetes, que es una empresa del municipio, fue concejal en anteriores gobiernos municipales socialistas. Ahora esta empresa ha demandado al Ayuntamiento por la concesión de las licencias que fueron declaradas ilegales por la justicia y también por el corte de los suministros».
Pinter ha manifestado que «ha quedado claro que todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento que preside, incluido el corte de los suministros, se realizó de manera correcta y ajustada a derecho. Ahora solo queda dilucidar si las licencias que se concedieron ilegalmente, y conociéndolo el Ayuntamiento gobernado por el grupo socialista, pueden dar lugar al resarcimiento económico que la empresa pide».
El primer edil opina que no ha habido perjuicio económico «ya que la empresa se ha beneficiado de la ilegalidad durante más de 10 años de funcionamiento, y que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana ya le dio la razón al Ayuntamiento, en las pretensiones que tenía la empresa de ser indemnizada por el cierre. Ahora bien, si alguien es responsable, lo son los concejales y el Alcalde que concedieron las licencias, contrarias a derecho y serán ellos quienes podrían responder de una presunta indemnización», añade.
El actual Ayuntamiento, desde el mismo momento que conoció las pretensiones de la empresa del salón de banquetes, lo puso en conocimiento de aquellos que en el 2003 concedieron las licencias ilegales, derivando así la responsabilidad. «Hasta el momento los concejales y el alcalde socialistas de entonces, han rehusado ser parte en el procedimiento judicial que se sigue. Todos ellos, se encuentran imputados por estos mismos hechos por prevaricación, en un procedimiento penal que se sigue en los Juzgados d’Ontinyent«, asegura el alcade.
Según Pinter, lo que ha dicho el Tribunal Superior, «es un alivio», al tener la satisfacción, de que el anterior y actual gobierno del PP, tuvieron que acometer, porque así lo exigían los tribunales, un problema delicado que era una herencia de gobiernos socialistas anteriores.
Pero al mismo tiempo reconoce que «es triste que se tenga que cerrar un negocio en funcionamiento, por la falta de voluntad de sus responsables, que siempre han antepuesto intereses meramente políticos y de crítica a este alcalde, en vez de dedicarse a estudiar soluciones para salvar el negocio, tal como le ha ido proponiendo continuamente el Ayuntamiento», finaliza.