La familia denuncia la «falta de solidaridad en este asunto por parte de la Generalitat»
Uno de los colectivos más afectados por la crisis son, sin lugar a dudas, las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Es el caso de una familia de La Font de la Figuera que, con una persona dependiente a su cargo, se ven ahogados por los elevados costes que supone su mantenimiento. Unos costes que, sumados a las escasas ayudas que reciben, lo convierten en una situación difícil de llevar.
La hermana del afectado, Encarnación G., denuncia “la falta de solidaridad en este asunto por parte de la Generalitat. Después de tener internado a mi hermano entre semana en el centro público para personas con discapacidad “Peña Rubia” de Villena (Alicante) desde hace 21 años, ahora nos piden abonar 535.53 euros al mes”. Descontando las ayudas recibidas, a su hermano, Francisco G. sordomudo y discapacitado psíquico, se le quedan 126.47 euros al mes para “gastos personales”. Una cantidad insuficiente, ya que “mi hermano pasa sólo los fines de semana y los periodos de vacaciones en casa y deja una situación insostenible porque también origina unos gastos en medicamentos, ropa y comida que no podemos cubrir con los ingresos que entran en casa”.
Encarnación, con una madre que padece alzhéimer la cual requiere una atención las 24 horas del día, una hija estudiante de 23 años y un marido carpintero afectado por la crisis, ve como los ingresos que llegan a su hogar para ayudar a su hermano “tal como entran, se van directos a sufragar los gastos de la residencia, dejando a Francisco con 126.47 euros al mes”, afirma Encarnación.
La desesperación ha hecho a esta familia utilizar la plataforma de recogida de firmas Change.org, difundiendo una petición dirigida a la directora general de personas con discapacidad y dependencia, Pilar Collado Capilla. El objetivo: hacer que reconsideren el elevado pago a la residencia.
Desde el ayuntamiento, la concejala delegada de Bienestar Social, M. Carmen Iñesta, afirma: “ya se está haciendo todo lo posible para ayudar a una familia en apuros que, por otra parte, no han elegido pasar por esta situación. Nos ponemos en su lugar y no entendemos como un servicio público como es una residencia que ya cubrimos todos con nuestros impuestos, tenga que pasar a ser de pago”.