Vicente Parra:«El informe es contundente sobre la obligatoriedad y necesidad de construir las instalaciones»
Para el presidente de COR: “La respuesta de la Conselleria avala el trabajo que venimos realizando durante estos años. Vamos a seguir centrando los esfuerzos en abaratar los costes, siempre dentro del marco legal establecido y buscando el consenso, porque el retraso en la puesta en marcha de las instalaciones perjudica a los ciudadanos.”
El Informe recoge que la planta de transferencia de Bufali, en la Vall D´Albaida, es Ilegal y que es en Palomar donde debe ubicarse, según lo previsto, la planta de transferencia para los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall D´Albaida.
La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ha remitido a COR el informe en el que da contestación al acuerdo tomado en la Asamblea General del consorcio, del pasado 29 de julio, por el que se solicitaba a la Conselleria que permitiera a COR “realizar el tratamiento y eliminación de nuestros residuos en otra área de gestión, haciendo innecesaria la construcción de las instalaciones previstas en Llanera”. La respuesta de la citada Conselleria a la petición de COR señala que desde el punto de vista jurídico “la solicitud resulta inadmisible”, dado que para la Administración rige el principio de legalidad, lo que supone que “La Administración no puede conceder exenciones no previstas en la ley”. El informe señala que “ En virtud de lo anterior, la Administración no puede dictar un acto o disposición que permita el incumplimiento de lo establecido mediante una norma jurídica, en este caso la Orden aprobatoria del Plan Zonal”. Asimismo, el informe señala que “La función de los planes zonales de residuos es la de desarrollar y mejorar las previsiones del Plan Integral de Residuos, por tratarse de un servicio público” y recuerda que la Orden que aprobó el Plan Zonal de Residuos X, XI y XII, gestionado por COR en 2004, fue sometida a “información pública y se solicitaron informes a los ayuntamientos de la zona incluida y a las administraciones sectoriales que pudieran verse afectadas y fue sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”
En resumen, la Conselleria manifiesta que “tanto el Plan Integral de Residuos como el Plan Zonal son de Obligado cumplimiento”, por lo que es inadmisible la propuesta planteada por COR y cita el “principio de igualdad” que debe cumplirse respecto al resto de Planes Zonales de la Comunitat Valenciana. Además, el informe apunta a las consecuencias económicas que se podrían derivar de no construir las instalaciones previstas dado que “el contratista adquiere unos derechos que no se pueden desconocer ni vulnerar en forma arbitraria y unilateral”, lo que conlleva que el incumplimiento del contrato supondría el pago de daños y perjuicios al contratista. Según el citado informe, en este caso sería competencia del Consorcio asumir tanto “las consecuencias económicas como las jurídicas, derivadas de la modificación o suspensión temporal del contrato”. Para el Presidente de COR, Vicente Parra “El informe de la Conselleria es contundente y despeja cualquier posible duda sobre la obligatoriedad y necesidad de la construcción de las instalaciones previstas para gestionar de forma autosuficiente nuestra basura.“ Además, Parra señala que: “La respuesta de la Conselleria avala el trabajo que venimos realizando durante estos años. Vamos a seguir centrando los esfuerzos en abaratar los costes cuanto nos sea posible, siempre dentro del marco legal establecido y buscando el consenso. La Conselleria ha mostrado su apoyo a los trabajos que la Subcomisión de Seguimiento lleva realizando desde principios de año para abaratar los costes y adecuar las instalaciones a la situación actual y es por ahí por donde debemos seguir trabajando todos juntos, ya que el retraso en la puesta en marcha de estas infraestructuras perjudica a los vecinos que pagan un servicio que debe ser el mejor posible al menor coste. “
La planta de Bufali es una planta ilegal
Respecto al resto de propuestas planteadas por COR a la Conselleria a raíz de los acuerdos de la Asamblea del pasado 29 de julio, entre las que se incluía que la planta de transferencia para los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall D´Albaida se ubicara en Bufali en lugar de en Palomar, la Conselleria establece que “la planta de Bufali es una planta ilegal por carecer de la perceptiva licencia ambiental” y determina que “la planta de transferencia contemplada en el Proyecto de gestión adjudicado a la empresa concesionaria es la planta ubicada en el término municipal de Palomar”.
En lo concerniente a la petición de dejar fuera de la gestión del consorcio los ecoparques, el informe de la Conselleria informa que estas instalaciones “podrán o no ser cedidas por los ayuntamientos al Consorcio pero siempre siendo conscientes que la gestión de los residuos depositados en los ecoparques es competencia exclusiva del Consorcio y no de los Ayuntamientos.“ Por último, el informe recoge el apoyo a la Subcomisión de Gobierno creada por COR a principios de año para reducir los costes y adecuar las instalaciones de forma que “las decisiones de carácter económico que se tengan que adoptar, afecten mínimamente al ciudadano”.
Próxima Asamblea General
En los próximos días COR convocará Asamblea General Extraordinaria con el fin de exponer la respuesta de la Conselleria a la petición de COR y de trazar las líneas de trabajo de los próximos meses. En este sentido, COR espera retomar el diálogo y el acuerdo en el seno de la Asamblea para abordar temas que quedaron pendientes como la aprobación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del próximo ejercicio 2014, que fijará los costes para los ciudadanos del servicio de valorización, tratamiento y eliminación de los residuos. Recordar que los trabajos realizados por la Comisión Tributaria de COR y la introducción de cambios en la ordenanza, algunos sugeridos por los propios ciudadanos, prevé una reducción del 8% de media del coste de los recibos del próximo ejercicio. Para Vicente Parra “El informe de la Conselleria debería despejar cualquier posible duda sobre la validez del trabajo realizado y el camino que debemos seguir. Nuestra obligación es dar al ciudadano la mejor solución al problema de las basuras, con el menor coste y no politizar un tema de interés general”.