El Tribunal de Cuentas admite a trámite la denuncia presentada por la concejala del Partido Popular, Estela Darocas
El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por presuntos pagos encubiertos del ayuntamiento de este municipio a los concejales del PSOE en la corporación.
La denuncia fue presentada por Estela Darocas, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navarrés, porque considera que “el alcalde socialista de Navarrés ha creado un sistema de retribuciones encubierto e ilegal, por ir en contra de lo que obliga la Ley de Bases de Régimen Local”.
Según Darocas, “los concejales socialistas que no tienen dedicación exclusiva en el ayuntamiento de Navarrés presuntamente han percibido del propio consistorio retribuciones dinerarias de manera encubierta, lo que, además de una ilegalidad, supone una absoluta falta de respeto a los vecinos y vecinas de Navarrés, que ven cómo se utiliza el dinero de todos para beneficiar de manera ilegal a los miembros socialistas de la corporación”.
La Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local indica que “sólo los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma”.
Según Estela Darocas, los pagos a los concejales socialistas presuntamente se han efectuado mediante una retribución fija y mensual, lo que va en contra de lo que marca la Ley de Bases, al no corresponder a los “gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo” ni a las “asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación”.
“Además, -recuerda Darocas-, la modificación de la ley de bases indica que los ediles no pueden cobrar fijos mensuales sin realizar los pagos correspondientes a la Seguridad Social; y contamos con el antecedente vivido el año pasado en Canals, donde el Tribunal Superior de Justicia obligó a once concejales a devolver más de 55.000 euros al ayuntamiento, reconociendo la ilegalidad del sistema de retribuciones”.