El ayuntamiento de la Font ratifica su posición ante el dictamen del Consejo de Estado entorno a la Ley de la Reforma Laboral

El dictamen ha venido a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado en representación de casi 2.400 municipios españoles

El Consejo de Estado ya se ha pronunciado en lo que se refiere a la Ley de Reforma Local, y ha sido claro: “la ley vulnera gravemente la autonomía de los municipios que garantiza la Constitución”. Ante este dictamen, han sido muchos los representantes de ayuntamientos que han aplaudido estas palabras. Dicho dictamen ha venido a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado en representación de casi 2.400 municipios de toda España.

El alcalde de la población, Vicent Belda, también se ha congratulado por la decisión del Consejo de Estado. “Ahora, es necesario que el gobierno suspenda la aplicación de la Reforma Local, la cual priva a las y los ciudadanos de los servicios municipales”, ha manifestado.

En palabras del portavoz del ayuntamiento, Vicent Muñoz, “compartimos la idea de la necesidad de racionalizar la gestión municipal, pero entendemos que el camino es, contrariamente, el de una mayor incidencia en los principios de proximidad y subsidiariedad. De cada 100€ que pagamos en impuestos sólo llegan a los ayuntamientos unos 13€”.

El pleno del ayuntamiento de La Font ya aprobó hace casi un año una moción del grupo Compromís con el respaldo del PSPV- PSPV en la que manifestaban su rechazo al anteproyecto de racionalización de la administración local. Además, reclamaban un nuevo sistema de financiación local que asegurara a los ayuntamientos y las mancomunidades los recursos suficientes para prestar sus servicios, entre otros puntos.

Según el Consejo de Estado, tres son los motivos que lesionan la autonomía de los municipios: la coordinación por parte de las diputaciones provinciales de la prestación de los servicios mínimos en los municipios de menos de 20.000 habitantes; la determinación del coste efectivo de los servicios; y a la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local adopte las decisiones fundamentales del municipio privando al pleno de su conocimiento, decisión y adopción, limitando así la trasparencia y la pluralidad de opinión.