- Más de 2.000 familias de la Comunitat se benefician cada mes de ayudas a la vivienda de la Generalitat
- El recorte de ayudas estatales a la vivienda en 2011 y 2012 asciende a más de 160 millones de euros
- La eliminación de la reserva de eficacia ya desde este año supone la pérdida de 90 millones más
- La Generalitat ha aportado 97,3 millones de euros en acuerdos bilaterales de rehabilitación, renovación y urbanización desde 2003
- Cotino ha firmado dos convenios para actuaciones de vivienda protegida en Gandia y Benicà ssim
El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado hoy que “el Ministerio de Vivienda está incumpliendo ya los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana, con los ciudadanos y con el sector de la vivienda, en los programas 2010, 2011 y 2012 del actual Plan de Vivienda. Con ello, está poniendo en quiebra el principio de confianza entre administracionesâ€.
El vicepresidente Cotino ha hecho estas declaraciones tras firmar con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, los alcaldes de Gandia, José Manuel Orengo, y de Benicà ssim, Francesc Colomer, y el director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), Félix Arias, dos convenios para realizar actuaciones de vivienda protegida en las localidades de Gandia y Benicà ssim.
“Por ello –ha continuado Cotino- hoy le he entregado a la Ministra el acuerdo del Consejo Asesor de Vivienda de la Comunitat Valenciana que, reunido ayer, decidió por unanimidad exigir la retirada del nuevo Real Decreto del Plan de Vivienda que prepara su departamento y que implicará un recorte de 160 millones de euros en ayudas estatales del Plan de Vivienda en la Comunitat Valenciana para los dos próximos añosâ€.
Además, el Vicepresidente ha anunciado que “la eliminación de la reserva de eficacia este año, un fondo adicional para aquellas comunidades autónomas que presentan una mejor gestión y cumplimiento de los objetivos y a la que nuestra Comunitat siempre ha accedido, supone la pérdida de 90 millones más, 30 cada año empezando por el ejercicio en cursoâ€.
“Pese a ello –ha destacado el Vicepresidente tercero- en los últimos siete años desde el Gobierno Valenciano hemos reforzado la polÃtica de vivienda a favor de los colectivos sociales que más lo necesitan y, gracias a ello más de 2.000 familias de la Comunitat se benefician cada mes de ayudas para el acceso o la mejora de la vivienda desde que gobierna el President Campsâ€.
Acuerdo del Consejo Asesor de Vivienda
En el documento entregado a la Ministra Corredor el Consejo Asesor de Vivienda solicita al Ministerio de Vivienda que garantice al menos todas las ayudas acordadas en el convenio entre el Gobierno Central y la Generalitat que está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012. Además del perjuicio para más de 13.500 familias que no podrán disponer de la ayuda estatal para la compra de vivienda, el Real Decreto incluye también recortes en ayudas para promotores de vivienda protegida y urbanizaciones de suelo que impedirán la ejecución de más de 9.600 viviendas protegidas.
En consecuencia, serán más de 23.000 las familias de la Comunitat que se verán afectadas por estas medidas del Gobierno Central que no sólo dificultarán el acceso a la vivienda a los ciudadanos, sino que también supondrán un nuevo golpe al sector de la construcción y un freno a su recuperación y a la creación de empleo.
En el transcurso del acto, el Vicepresidente tercero del Consell ha destacado “la importancia de alcanzar acuerdos bilaterales entre administraciones para el fomento de actuaciones de rehabilitación, renovación urbana y urbanización de suelo. Desde 2003 hemos firmado 41 convenios de financiación para este tipo de áreas por valor de 177,3 millones de euros, de los que 97,3 han sido aportados por la Generalitat y 80 por el Ministerio de Viviendaâ€.
Convenios firmados hoy
Respecto a los convenios firmados hoy, en Gandia el acuerdo ha permitido declarar el barrio de Simancas como Ãrea de Renovación Urbana (ARU) dentro del vigente Plan de Vivienda 2009-2012 y definir las inversiones públicas destinadas a la regeneración integral de este barrio mediante su reurbanización, mejora de la accesibilidad y eficiencia energética y la construcción de 87 nuevas viviendas protegidas, 61 en alquiler y 26 en venta, para los residentes.
El coste total de la actuación se estima en cerca de 9,8 millones de euros, de los que, según lo acordado, la Generalitat aportará 2,6 millones de euros, el Ministerio de Vivienda 3,4 millones, el Ayuntamiento de Gandia alrededor de 570.000 euros y los particulares los 3,1 millones de euros restantes.
El Ãrea de Renovación Urbana de Simancas comprende las calles Calderón de la Barca, Plus UItra, Ferrocarril de Alcoy, San Rafael, Piles, Palma y Palmera. Actualmente las viviendas están habitadas por familias con bajos recursos económicos y se encuentran en un estado de conservación deficiente, lo que ha hecho necesaria esta intervención pública.
Hay que recordar que el acuerdo para financiar esta actuación no pudo firmarse en la primera Comisión Bilateral Generalitat-Ministerio de Vivienda del l Plan de Vivienda porque faltaba documentación que debÃa aportar el Ayuntamiento de Gandia. La existencia de una reparcelación aprobada definitivamente en el barrio dificultaba el proceso con la celeridad que pretendÃa el consistorio.
Por ello, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda emplazó al Ayuntamiento a remitir un nuevo estudio económico acorde con el planeamiento previsto, que sustituyera al incorporado en el proyecto de reparcelación, asà como un informe jurÃdico que avalara la viabilidad de rectificar la reparcelación ya aprobada definitivamente.
La Conselleria ha mantenido en todo momento su compromiso por el desarrollo de este proyecto dentro de la legalidad, conforme a los procedimientos requeridos y con la máxima protección de los intereses y derechos de los afectados.
En cuanto al acuerdo alcanzado para Benicà ssim, se trata de un convenio de colaboración entre la Generalitat, el Ayuntamiento y SEPES para el desarrollo de una actuación urbanÃstica de carácter residencial que incluirá alrededor de 1.400 viviendas de protección pública. Los terrenos tienen una superficie de más de 27 hectáreas y se encuentran al norte del casco urbano.
SEPES actuará como urbanizador público y asumirá la financiación y ejecución de la urbanización de este suelo, mientras que la Conselleria y el Ayuntamiento facilitarán las gestiones necesarias y tramitarán los documentos de su competencia.